Las principales patronales de la construcción en Tenerife y Gran Canaria están pidiendo que las administraciones públicas intervengan en el mercado inmobiliario mediante rebajas en la imposición vinculada a la vivienda, reduciendo a la mitad el IGIC y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en el caso de la comunidad autónoma, y las licencias de construcción, por los ayuntamientos, y facilitando las infraestructuras en lugar de ayudar con subsidios a la renta familiar disponible.
La respuesta del Gobierno canario no se ha hecho esperar: hablan de emplear los 6.000 millones de euros acumulados en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en inversiones públicas. No dice Paulino Rivero que esa inversión privada de los privilegios fiscales tendría compensaciones mediante la explotación lucrativa de los servicios creados.
Cabe recordar la conversación grabada de Salvador Iglesias, donde vinculaba la reforma fiscal de la RIC a una concesión administrativa privada para explotar mediante peaje un túnel que uniría La Orotava y Güímar.
Mientras se propone que las empresas de construcción en crisis obtengan beneficios de las inversiones con dinero RIC en proyectos que deberían ser públicos, se plantea a la vez bajar los impuestos a esos mismos constructores beneficiarios de la Reserva de Inversiones. Es decir, Gobierno y patronal pretenden recortar los ingresos fiscales por IGIC, Transmisiones y licencias que son la fuente de financiación de los servicios públicos básicos, reduciendo todavía más la capacidad financiera de las administraciones para afrontar las consecuencias sociales del desempleo y la inflación. Todo ello sin tocar la bonificación del 90 por ciento del Impuesto de Sociedades concedida por la RIC a los empresarios, que continuará acumulando dinero a costa del interés público.
Es el comunismo para los constructores y el salvajismo para los trabajadores.
